Economía.-
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, destacó hoy durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso para presentar el nuevo modelo de privatización parcial de AENA que dicho proyecto tomará "el tiempo que sea necesario" y que no hay unos plazos previstos, ya que "en ningún caso" se pondrá en riesgo "el sistema aeronáutico español".
"Lo llevaremos a cabo con toda la celeridad posible, pero en ningún caso pondremos en riesgo el sistema aeronáutico español", destacó la titular de la cartera de Fomento, quien aseguró que los pasos posteriores se darán con la "prudencia" y "garantías" necesarias.
La principal novedad del nuevo modelo de AENA contempla la creación de una nueva sociedad estatal encargada de la gestión de los aeropuertos del Estado que contará con un capital al 100% de AENA, que posteriormente irá dando entrada al capital privado poco a poco, hasta alcanzar un porcentaje máximo del 30%.
Álvarez avanzó que el próximo paso en la evolución del modelo será la creación de una propuesta de dicha sociedad gestora por parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos antes de 2008. Una vez aprobada la creación de esta sociedad en el Consejo de Ministros, se darán los pasos necesarios para que "vaya asumiendo funciones".
Esta sería una etapa "especialmente compleja", pues afectará a 12.000 trabajadores y a aspectos fiscales, y debe realizarse con "eficacia y seguridad jurídica", y con la creación de un sistema de gestión eficaz entre las "cadenas de sociedades" que se pretenden crear.
A continuación, cuando se hayan trasladado y asumido las nuevas funciones de la nueva sociedad, se darán los pasos para definir la entrada de capital privado, un proyecto que se ha encargado a un banco de negocios, y en el que primará "la seguridad y la calidad de servicio a los ciudadanos" sobre la rentabilidad económica.
El siguiente paso en el modelo será la creación de sociedades gestoras de aeropuertos concretos en los que tendrán participación las comunidades autónomas --en este caso Madrid y Barcelona--. Dichas sociedades contarán con consejeros de las autonomías, aunque el consejo siempre tendrá mayoría por parte de la Administración central.
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